El referencia anual de la “Comisión de Quejas Públicas sobre Representantes del Estado en los tribunales”, escrito por el enjuiciador Prof. Menachem Finkelstein, encontró la fracción de las quejas totales en cuestión a la fiscalía.
Rodeando del 30% de las quejas sobre los jueces en 2024 estaban justificados, mientras que tardó hasta dos meses en promedio en cerrar las quejas individuales, el referencia anual de la “Comisión de Quejas Públicas sobre Representantes del Estado en los tribunales”, creados por el enjuiciador (ret.) Y el Prof. Menachem Finkelstein.
Presentado al Ministro de Equidad Yariv Levin (Likud), el referencia, que se publicó para su publicación el lunes, proporciona una revisión exhaustiva de las quejas públicas sobre la realización de fiscales, investigadores policiales y otros representantes legales. Detalla casos individuales al identificar problemas sistémicos que requieren reformas estructurales.
En total, se presentaron 552 consultas en el año calendario 2024, de las cuales 239 se convirtieron en quejas formales, y 24 habían trasladado desde 2023 pero se resolvieron en 2024.
Del número total de 263 quejas, se justificó 66 (25%). Veinticuatro de ellos, por otra parte, reflejaron fallas sistémicas o recurrentes, lo que llevó a la Comisión a proporcionar recomendaciones operativas para corregirlas. Se emitieron algunas sugerencias basadas en quejas que en realidad habían sido rechazadas.
En total, 220 quejas (92%) se resolvieron en 2024, con un tiempo de manejo promedio de 50 días; El 87% se resolvieron en tres meses.
Una ilustración de un mazo de la corte, una queja de ortografía de cartas y una estatua de Lady Justice. (Crédito: Tolikoff Fotografía a través de Shutterstock)
La fracción de las quejas totales (133) se referían a la fiscalía (la oficina del fiscal estatal), que comprendía el 50% de las quejas, mientras que 33 fueron recaudados contra los abogados autorizados por la oficina del Fiscal Militar, que zapatilla el 13%.
Dieciséis quejas consideraban el Fiscal Militar Gali Baharav-Miara, que constituye el 6%. En comparación, se recaudaron seis quejas contra representantes estatales del Profesión de Bienestar y Asuntos Sociales, y el receptor oficial y el Comisionado de Insolvencia y Rehabilitación Económica, los dos ubicados bajo el Profesión de Equidad.
De las quejas que se encuentran justificadas, 38 preocupados por la fiscalía, que comprendió el 58%, 10 fueron recaudados contra la policía, que comprendieron el 15%, 10 estaban en contra de los abogados autorizados por la oficina del Fiscal Militar, que comprendía otro 15%y ocho preocupados por el asesoramiento legítimo, que comprendía el 12%de los casos justificados.
Algunos ejemplos incluyen retrasos graves en casos de exceso y negligencia inmaduro; la incapacidad de revelar evidencia crucial de la cámara corporal a un acentuado; plazos irrazonablemente cortos para presentar apelaciones, lo que provocó recomendaciones generalizadas para permitir extensiones de plazo; y la negativa por parte de la fiscalía a explicar su audacia de no reabrir casos.
Retrasos y mal maneras en casos de detención perfil encontrados
El referencia asimismo encontró demoras y mal manejo en casos de detención perfil, incluidas investigaciones que involucran a un enjuiciador, un ministro del gobierno y un MK. Específicamente, con respecto al asunto de proxenetismo de la prisión de Gilboa, el referencia rechazó las reclamaciones de encubrimientos intencionales, pero enfatizó que la fiscalía subestimó la compromiso de los eventos.
Finkelstein recomendó mejorar la transparencia, el razonamiento detrás de las decisiones y el manejo oportuno de los casos; preservar los derechos de los acusados, demandantes y víctimas; para asegurar que los fiscales municipales y de policía sigan procedimientos consistentes y justos; y para asaltar largos retrasos en casos sensibles.
El referencia señaló que muchas de las recomendaciones anteriores habían sido adoptadas, incluidas las nuevas pautas de consideración internas sobre la revisión de la evidencia, proporcionar razones para las decisiones de clausura y aclarar los derechos de apelación.
Sin secuestro, otros, como modificar los procedimientos de quejas contra la mala conducta policial, asegurar la supervisión de los materiales de laboratorio forense e implementar reformas legislativas en la aplicación del delito de tráfico, aún no se han abordado.
“Durante estos tiempos desafiantes, se ha vuelto alarmantemente crucial supervisar a los representantes estatales en los tribunales, ya que debemos asegurarnos de que las mareas desafiantes que enfrentan el poder procesal no afecten la profesionalidad, la dedicación y la honestidad de sus sirvientes”, dijo Finkelstein.